El pasado mes de febrero se declaró oficialmente la quiebra de Construcciones Murias SA, mediante un concurso de acreedores. Esta promotora-constructora guipuzcoana promovía y ejecutaba el proyecto del Obispado de Bilbao de construir en la parcela que ocupaba la antigua BAM en Abando una sede que aglutinara todos los servicios de la Diócesis de Bilbao y una clínica, que pretendía vender a Mutualia.
Las obras están paralizadas desde abril hasta que el proceso concursal se resuelva. El Obispado de Bilbao firmó con Murias en 2022 una permuta a cambio de su parte del edificio. Obispado y Mutualia ven una vez más truncadas sus expectativas de contar con un edificio que, según anunciaron en 2019, iba a estar listo para diciembre de 2021.
Hace unos días, la administración concursal ha publicado su informe provisional. Es provisional porque Murias ha facilitado la información contable de forma incompleta. El informe menciona en una lista los 490 acreedores a los que debe 32 millones de euros, a los que se desconoce si podrá pagar. Entre ellos hay bancos, ayuntamientos y empresas de todo tipo.
Ante los problemas financieros, Urbas, propietaria de Murias, también atraviesa una situación delicada y ha planteado recientemente un ERE en sus filiales constructoras (Murias, Urrutia y Ecisa). Ecisa también está actualmente en proceso concursal.
Según el citado informe, la masa activa de Murias está valorada en 103 millones, pero el listado pormenorizado de los activos no está disponible. Hay fundadas razones para pensar que esta cantidad esté inflada. Se menciona como uno de sus activos, por ejemplo, el proyecto clínico-obispal como “Equipamiento privado ensanche” y se cuantifica su valor en 5 millones de euros. Sin embargo, para poder contabilizarlo como tal, las obras tendrían que completarse, con la inversión de 20 millones que requiere su construcción, así como efectuarse la venta de la clínica a Mutualia con los precios inicialmente acordados.
Entre los acreedores se encuentra el estudio de arquitectura Katsura, que firma el proyecto de clínica y sede obispal. Murias debe facturas mensuales, con sus intereses por demora, desde noviembre de 2023. Esto es, lleva sin pagar desde noviembre de 2023, a 36.000€ por mes, en facturas que seguramente sean por la redacción del proyecto.
Entre la lista de acreedores se encuentra también Mutualia, dentro de la categoría de créditos excluidos. Pone de manifiesto la existencia de un contrato entre Murias y Mutualia de octubre de 2020 que la constructora está incumpliendo, por el cual debe pagar penalizaciones y que puede llegar a ser liquidado. Hasta la fecha Mutualia había negado la existencia de un contrato firmado entre ambas entidades.
Desde Abando Habitable (AH) esperamos que el TSJPV falle en el recurso que presentamos pone en duda la legalidad del proyecto clínico-obispal. Impugnamos la licencia de obras porque consideramos que se ha incumplido la finalidad de interés general que justificó la modificación puntual del Plan general de ordenación urbana (PGOU) de Bilbao.
El Plan fue modificado por el Ayuntamiento para que se pudiera materializar el “Proyecto Bizkeliza Etxea” del Obispado, pero no para dedicar más de la mitad a una clínica privada, que ocuparía el 54% de la edificabilidad total. AH considera que se debe respetar la razón que motivó la recalificación, ya que, como establece la histórica sentencia de la «Memoria vinculante» del Tribunal Supremo, lo que se indica en la Memoria (que acompaña a un proyecto) debe cumplirse necesariamente.
En su quinto aniversario, la plataforma vecinal sigue con la voluntad firme de reivindicar que la parcela se convierta en un espacio verde y de encuentro para el barrio y seguirá trabajando para conseguirlo.